By Jimmy Carter
La Ley de Libertad de Información (LLI) de Estados Unidos acaba de cumplir 40 años. Sin embargo, nuestros líderes de gobierno están cada vez más obsesionados con la confidencialidad. Políticas obstruccionistas y prácticas deficientes hicieron que muchos documentos públicos importantes y acciones oficiales permanecieran ocultas a la opinión pública.
Los acontecimientos que se registran hoy en Estados Unidos - guerra, violaciones a los derechos civiles, crecientes costos energéticos y escándalos con las finanzas de las campañas y entre los lobbistas - hacen que los ciudadanos sientan un creciente deseo de tener acceso a documentos públicos.
Una encuesta llevada a cabo el año pasado mostró que el 70 por ciento de los norteamericanos están algo o muy preocupados sobre la confidencialidad del gobierno. Algo perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que el gobierno estadounidense utiliza el 50 por ciento de las directivas para restringir información no clasificada y que creó en 2005 un 81 por ciento más de "documentos secretos" que en 2000.
Además, la respuesta a los pedidos de la LLI no satisface los objetivos de transparencia o cláusulas de la ley que exige, por ejemplo, resolver los pedidos de información dentro de los 20 días hábiles. Según un informe de 2003 de los Archivos de Seguridad Nacional, los tiempos promedio para las respuestas son de 905 días hábiles en el Departamento de Agricultura y 1.113 en la Oficina de Protección Ambiental. El único recurso con el que cuentan los solicitantes insatisfechos es apelar al Tribunal de Distrito de Estados Unidos, algo que es costoso, lleva su tiempo y no está al alcance de la mayoría de la gente.
Estados Unidos está rezagado en relación a otros países del mundo en materia de derecho a la información a raíz de políticas que propician la confidencialidad, implementaciones que no cumplen la ley y mecanismos de control inaccesibles.
Las naciones desarrolladas y aquellas en vías de desarrollo son cada vez más conscientes de que el flujo libre de información resulta fundamental para la democracia. Sean públicas o privadas las empresas que ofrecen servicios públicos, el acceso a sus registros aumenta la transparencia y permite a los ciudadanos participar de forma más activa en la vida pública. Se trata de una herramienta esencial en la lucha contra la corrupción y la gente la puede usar para mejorar sus vidas. Lo más importante es que el acceso a la información fomenta la confianza de los ciudadanos en su gobierno, porque permite entender las decisiones políticas y monitorear su implementación.
Son cerca de 70 los países que aprobaron leyes para garantizar el derecho a pedir y recibir documentos públicos, la gran mayoría en la última década y muchos en países de ingresos bajos y medios. Es que aumenta en el mundo la tendencia hacia una transparencia cada vez mayor. A diferencia de la LLI, que abarca sólo a la rama ejecutiva, la legislación moderna incluye a todas las ramas del poder y a algunas compañías privadas. Además, nuevas leyes sobre acceso a la información fijan formas para monitorear la implementación y hacer cumplir el derecho, responsabilizando a los organismos por la divulgación de la información de forma veloz y completa.
En Sudáfrica, por ejemplo, un país que está emergiendo del régimen autoritario que tenía durante el sistema del apartheid, la ley que protege el acceso a la información brinda a los individuos una oportunidad para solicitar documentos públicos y responsabilizar al gobierno por sus acciones, algo inconcebible hace tan sólo una década. Los pedidos de información pusieron al descubierto prácticas inadecuadas sobre uso de la tierra, políticas anticuadas sobre sida y un escandaloso acuerdo de armas multimillonario.
En el Reino Unido, la nueva ley sobre el tema obligó al gobierno a revelar la base precisa de su decisión de ir a la guerra en Irak.
Y en Jamaica, uno de los países en donde el Centro Carter trabajó estos últimos cuatro años para ayudar a crear un régimen de acceso a la información, los ciudadanos recurrieron a este derecho para solicitar documentos relacionados con la protección de más de 2.500 niños alojados en orfanatos públicos. Dos años atrás se habían recibido denuncias sobre abusos físicos y sexuales. El año pasado, una coalición de grupos interesados en el tema enviaron más de 40 pedidos de información para determinar si el gobierno emitió realmente recomendaciones que garanticen la futura seguridad y bienestar de estos chicos en riesgo.
Aun en sitios tan lejanos como Mali, India y Shanghai, los esfuerzos que se están haciendo para permitir el acceso a la información están garantizando una mayor transparencia en la toma de decisiones y un mayor flujo de la información.
En Estados Unidos, debemos introducir reformas a la LLI para estar a tono con los patrones internacionales, como abarcar todas las ramas de gobierno, ofrecer un organismo de control que supervise los cumplimientos, incluir sanciones para el caso de que no se cumpla la ley y crear un mecanismo atractivo que sea de fácil acceso, veloz y asequible. No podemos dar por sentada a la libertad de información. Nuestra democracia depende de ella.
Copyright Clarín y The Washington Post, 2006. Traducción de Silvia S. Simonetti.
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